Atención a víctimas: Senado analiza delitos de alto impacto

El Senado de la República reunió a representantes de fiscalías, instituciones de seguridad y legisladores para analizar mecanismos que permitan mejorar la prevención, investigación y judicialización de los delitos de alto impacto. Durante el foro, Simey Olvera llamó a reducir la burocracia y priorizar la atención a las víctimas, mientras autoridades de Hidalgo abordaron el robo de hidrocarburos.

Simey Olvera pide menos burocracia en la atención a víctimas

El foro “Estrategias para la atención eficiente de los delitos de alto impacto” se realizó con el propósito de fortalecer el diálogo entre autoridades de seguridad pública y responsables de procurar e impartir justicia. La discusión se concentró en la coordinación institucional y en los obstáculos que pueden retrasar la respuesta frente a hechos delictivos graves. El objetivo expresado en el comunicado fue identificar mecanismos que contribuyan a prevenir, investigar, perseguir y judicializar estos delitos, y que permitan a las instituciones compartir información sin que los procedimientos administrativos se conviertan en una barrera para quienes solicitan asistencia.

La senadora Simey Olvera Bautista, de Morena, sostuvo que las fiscalías y corporaciones policiacas deben reducir trámites innecesarios y colocar a las personas afectadas en el centro de sus procedimientos. Su planteamiento busca que la coordinación administrativa se refleje en una atención más eficiente a quienes presentan denuncias.

Olvera reconoció, además, lo que describió como buenos resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. Mencionó el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch. Se trata de una valoración de la legisladora contenida en el comunicado del Senado, no de una evaluación independiente de resultados.

Robo de hidrocarburos: el desafío señalado para Hidalgo

La senadora por Hidalgo identificó el robo de hidrocarburos como un desafío de larga duración. Afirmó que, por años, este delito no recibió la atención necesaria y consideró que la ubicación geográfica de la entidad incide en la incidencia de determinados ilícitos.

Israel Zaragoza Rico, subsecretario del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, explicó que los ductos atraviesan 22 municipios hidalguenses. De acuerdo con su exposición, una de las líneas de acción consiste en identificar objetivos prioritarios y generadores de violencia.

Jonathan Valdez Rodríguez, titular de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso y Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, consideró indispensable estudiar los hechos de manera conjunta y fortalecer el trabajo interinstitucional. También subrayó la prioridad de atender a las víctimas.

Fiscalía General de la República plantea investigar con inteligencia

Néstor Noé Camacho Mendoza, titular de la Subunidad de Apoyo Jurídico de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, identificó tres retos: transitar hacia investigaciones basadas en inteligencia, erradicar inercias burocráticas y consolidar la autonomía técnica y operativa.

El funcionario también propuso mecanismos de seguimiento con responsabilidades definidas, indicadores precisos y espacios permanentes de coordinación para intercambiar buenas prácticas. Son prioridades expuestas durante el foro, no procedimientos obligatorios aprobados en esa reunión.

Por su parte, Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, llamó a terminar con lo que describió como un laberinto burocrático para garantizar atención real a víctimas. Su intervención vinculó la prevención del delito con la atención de causas y la falta de oportunidades sociales.

Percepción de inseguridad y coordinación de instituciones

La senadora Cecilia Guadiana Mandujano se refirió a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según el comunicado, destacó una percepción de inseguridad de 58 por ciento y la interpretó como evidencia de avances en materia de seguridad.

El porcentaje fue referido por la legisladora en el encuentro. Para comparar esa cifra con otros periodos resulta necesario consultar directamente la edición correspondiente de la encuesta, su cobertura urbana y su metodología; no debe confundirse percepción ciudadana con incidencia delictiva.

En las intervenciones se planteó que la coordinación entre fiscalías, corporaciones policiales y autoridades estatales requiere responsabilidades precisas y mecanismos de seguimiento. Los asistentes discutieron cómo reducir duplicidades y evitar que diferencias institucionales dificulten las investigaciones. Para valorar eventuales avances habría que distinguir entre acuerdos de trabajo, acciones implementadas y resultados observables, especialmente cuando los indicadores proceden de fuentes o periodos diferentes.

Secuestro exprés: propuesta para evitar rechazos de denuncias

El foro incluyó la participación de Moisés Trejo Ramírez y Nancy Martínez Trejo, promotores de una iniciativa ciudadana orientada a garantizar acceso a la justicia para víctimas de secuestro exprés.

La propuesta plantea homologar criterios de actuación de las fiscalías estatales y de la FGR, a fin de que una denuncia no sea rechazada únicamente por razones de jurisdicción territorial. El planteamiento responde a la necesidad de dar una ruta de atención clara a quienes acuden ante una autoridad.

La discusión en el Senado dejó propuestas de coordinación, seguimiento y simplificación administrativa, pero el comunicado 0364 no informa que se haya aprobado una reforma legal. La eficacia de estos planteamientos dependerá de su eventual desarrollo institucional y de la posibilidad de evaluar sus resultados para las víctimas. En particular, la atención a víctimas implica que existan canales claros para registrar denuncias, turnarlas a la autoridad competente y comunicar oportunamente qué institución está a cargo. Son cuestiones que requieren lineamientos precisos y seguimiento institucional.