Ciberseguridad y justicia digital: la batalla por la paz

La construcción de la paz en México ha dejado de ser una promesa para convertirse en una política de Estado con resultados verificables. La Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha logrado una reducción histórica de la violencia: los homicidios dolosos disminuyeron un 49% entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de 86.9 a 44.3 casos diarios. Este avance, resultado de un trabajo "permanente, riguroso, profesional y honesto", como lo ha calificado la propia mandataria, no es un hecho aislado.

Detrás de estas cifras hay una labor de inteligencia y coordinación sin precedentes. El secretario Omar García Harfuch ha reportado la detención de más de 70,500 personas por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, además del aseguramiento de más de 34,000 armas de fuego y la inhabilitación de miles de laboratorios clandestinos. Por su parte, la designación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República abre una oportunidad histórica para transformar la procuración de justicia. Su gestión en la Ciudad de México, donde los secuestros disminuyeron un 88% y los delitos de alto impacto un 58% , ofrece un precedente de que la estrategia de seguridad puede traducirse en resultados concretos para la ciudadanía.

Sin embargo, esta exitosa ofensiva contra el crimen tradicional tiene una grieta crítica que la legislación actual no ha logrado cerrar: el ciberespacio. Mientras las fuerzas federales desmantelan laboratorios y capturan objetivos prioritarios en el mundo físico, el crimen organizado ha migrado sus operaciones a un terreno donde el Estado mexicano aún es vulnerable.

Los datos son contundentes. México es el segundo país con más ciberataques en Latinoamérica, con aproximadamente 36,000 ataques por segundo. Las estafas digitales generan pérdidas anuales estimadas en 141,000 millones de pesos y cada mexicano recibe, en promedio, 159 intentos de estafa al año. El fraude financiero digital aumentó un 16.7% en el primer semestre de 2026. Pero quizás el dato más alarmante para la procuración de justicia es que solo el 9% de las víctimas denuncia los fraudes cibernéticos. Esta cifra revela una impunidad estructural: sin denuncia, no hay investigación; sin investigación, no hay justicia.

El problema no es solo de recursos o de capacidad técnica. Es, fundamentalmente, un vacío normativo. El marco legal actual no está diseñado para operar en un escenario de crisis cibernética. La ley se queda en la declaración de principios y no en la operación de emergencia. Por ello, resulta urgente que el Poder Legislativo, en el marco de foros como el convocado en el Senado de la República, discuta y apruebe cuatro ejes legislativos impostergables.

Primero, obligar legalmente a los operadores de infraestructura crítica a blindar sus sistemas y reportar incidentes en un plazo máximo de 24 horas. Si la red energética o de telecomunicaciones cae por un ciberataque, la justicia y la seguridad nacional se detienen.

Segundo, crear un Centro Nacional de Operaciones en Ciberseguridad (CSOC) con un mandato legal claro que le permita dirigir la respuesta nacional durante un ataque grave, no solo coordinarla. El Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030 ya contempla su creación, pero se requiere que la ley le otorgue las facultades vinculantes para actuar en emergencias.

Tercero, establecer protocolos técnicos y supervisión judicial obligatoria para la evidencia digital. Sin una cadena de custodia clara, los casos se desmoronan en los tribunales, y la impunidad se consolida.

Cuarto, certificar obligatoriamente a Ministerios Públicos, peritos y jueces en materia digital, con un presupuesto etiquetado para ello. La ley sin músculo operativo y sin capital humano capacitado es letra muerta.

La reflexión de fondo es simple: no se puede garantizar la justicia en las calles si el Estado es vulnerable en sus servidores. El reconocimiento a los avances en seguridad de la presidenta Sheinbaum, del secretario García Harfuch y de la fiscal Godoy debe traducirse en una nueva generación de reformas que protejan ese éxito. La paz que hoy se construye en el territorio debe blindarse también en el ciberespacio. Esa es la batalla legislativa que sigue.