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Hacienda informó medidas preventivas y una denuncia ante la FGR; los materiales consultados difieren sobre el número de personas incluidas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció medidas preventivas contra personas vinculadas con proveedores electorales y la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). La comunicación fechada el 4 de noviembre de 2026 atribuye la decisión al análisis de operaciones financieras con elementos de riesgo.
La dependencia señaló que los análisis derivaron en incorporaciones a la Lista de Personas Bloqueadas. El propósito declarado de la denuncia es que la FGR investigue los hechos y determine, conforme a sus atribuciones, las posibles responsabilidades.
El comunicado consultado no proporciona una relación de nombres, contratos ni montos específicos. Por ello, su alcance público debe distinguirse de las identidades y señalamientos difundidos en reportes periodísticos.
El mensaje de la cuenta institucional de Hacienda en X reporta 40 personas. Infobae, en la nota recibida como fuente de este paquete, desglosa esa cifra en 25 personas físicas y 15 personas morales.
En cambio, la reproducción del comunicado número 94 publicada por EjeCentral, fechada el 4 de noviembre, consigna 43 personas: 28 físicas y 15 morales. El Informador publica ese mismo desglose.
Las fuentes consultadas no permiten establecer el motivo de la diferencia. Esta nota informa la medida anunciada y conserva la atribución de cada cifra, sin ofrecer un total conciliado. Los conteos de personas tampoco deben confundirse con un número de cuentas bancarias.
El documento precisa que la incorporación a la lista es preventiva y precautoria, de carácter administrativo, y que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
Las personas incorporadas conservan los medios de defensa y la garantía de audiencia previstos por la legislación aplicable, según el comunicado. La dependencia también expresa que las actuaciones deben respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
La denuncia solicita que la Fiscalía realice las investigaciones pertinentes. El anuncio no contiene una resolución judicial sobre las personas involucradas.
Por separado, el Instituto Nacional Electoral informó en su boletín 477, del 3 de noviembre, que las diez consejerías mantienen una revisión colegiada de la Junta General Ejecutiva y de cargos de primer nivel, incluidos los relacionados con la oficina de la expresidenta.
El organismo reportó 30 bajas por renuncia al corte de ese boletín, de las cuales 17 correspondían a la oficina de la expresidenta. Indicó que la revisión también comprende relaciones funcionales y procesos de contratación que deban analizarse a partir de información pública reciente.
Las bajas laborales comunicadas por el INE y las incorporaciones a la lista financiera son registros distintos. El boletín electoral no establece que las personas que renunciaron sean las mismas que aparecen en la medida anunciada por Hacienda.
El hecho confirmado es el anuncio de medidas preventivas y de una denuncia para investigar operaciones vinculadas con proveedores electorales. La diferencia numérica entre los materiales y la ausencia de un listado público de identidades limitan el detalle que puede atribuirse al comunicado.
Fotografía de archivo: Central Electoral – INE.
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