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Las renuncias en el INE llegan a 30; diez consejerías revisan cargos y contrataciones, mientras el organismo busca mantener su operación.

Las renuncias en el INE suman 30 al corte del comunicado institucional publicado este martes 3 de noviembre de 2026. El organismo informó que diez consejerías revisan la Junta General Ejecutiva y los puestos de primer nivel tras la salida de Guadalupe Taddei. El análisis incluye áreas vinculadas con la oficina de la expresidenta y procedimientos de contratación. La cifra describe bajas de personal; por sí misma no acredita responsabilidades administrativas o penales. La transición plantea dos tareas simultáneas: esclarecer las posibles irregularidades mediante las instancias competentes y conservar la capacidad técnica necesaria para organizar elecciones y prestar los servicios del Instituto.
El comunicado 477 del INE señala que el examen también abarca relaciones funcionales y contrataciones que requieren análisis a partir de información pública reciente. El Instituto sostiene que las decisiones deben apegarse a criterios objetivos, legalidad y debido proceso. Su propósito declarado es preservar la continuidad operativa y las capacidades profesionales del organismo.
El reporte corresponde a un corte específico, no a una cifra definitiva de la transición. Tampoco equivale a una relación de personas sancionadas. La revisión de una estructura administrativa y la determinación de responsabilidades individuales son procedimientos distintos; cualquier conclusión sobre conductas indebidas requiere evidencia y actuaciones de las autoridades competentes.
El desglose, recogido también por Al Calor Político, identifica 17 bajas en la oficina de la expresidenta, incluida la de su jefe, Carlos Daniel Luna Rosas. Por separado enumera otras dos personas operativas de esa oficina. Son rubros distintos dentro del total de 30; no deben sumarse nuevamente como si se tratara de un recuento adicional.
Entre los cargos directivos figuran José Alberto Pérez de Acha, de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, de Igualdad de Género y No Discriminación; y Sergio Uzeta Murcio, de Comunicación Social. El reporte incluye además una baja en Recursos Materiales, otra en la jefatura de oficina de la Secretaría Ejecutiva y la de Pedro Pablo Chirinos Benítez.
Completan el listado cinco puestos de Administración, Registro Federal de Electores y Prerrogativas y Partidos Políticos. La distribución muestra que los movimientos alcanzan distintas áreas y niveles. El comunicado permite ubicar las salidas, pero no asignarles, de manera automática, una misma causa individual ni una misma responsabilidad.
En la conferencia del 27 de octubre, Blanca Yassahara Cruz García anunció tres renuncias: las titularidades de Informática, Igualdad de Género y Recursos Materiales. Ese dato pertenece a una fecha anterior. No contradice el corte de 30 bajas comunicado el 3 de noviembre y tampoco debe añadirse a él como un grupo separado.
Cruz explicó entonces que las encargadurías se acordarían colegiadamente, evaluando experiencia y capacidad técnica del personal de las propias áreas. También planteó cooperar con las investigaciones por conducto del Órgano Interno de Control y en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, dentro de las atribuciones de cada instancia.
La consejera sostuvo que la revisión no debía anticipar responsabilidades. Ese límite es relevante para interpretar las renuncias en el INE: dejar un puesto constituye un hecho administrativo verificable; demostrar una irregularidad exige un procedimiento y no puede deducirse únicamente de la separación del cargo.
En una entrevista del 2 de noviembre con MVS Radio, difundida por Central Electoral, Arturo Castillo señaló que el conflicto había afectado principalmente a las oficinas centrales. Afirmó que las 32 juntas locales y las 300 juntas distritales seguían trabajando. Se trata de su evaluación pública sobre la operación institucional, no de una auditoría independiente de cada órgano.
El consejero también consideró necesario revisar el modelo de vigilancia interna. Explicó que las facultades de designación concentradas en la Presidencia habían limitado la supervisión de otras consejerías y denunció dificultades para obtener información de algunas direcciones. Son señalamientos atribuidos a Castillo, que deben distinguirse de resoluciones firmes sobre responsabilidades.
Su diagnóstico sitúa la discusión más allá de los reemplazos de personal: también alcanza los mecanismos de supervisión y acceso a la información. La continuidad de las tareas electorales y la revisión administrativa pueden examinarse por separado, sin asumir que una demuestra por sí sola el éxito o el fracaso de la otra.
La siguiente etapa deberá valorarse por decisiones documentadas: cómo se cubren las vacantes, qué resultados arrojan las revisiones y qué autoridades determinan posibles responsabilidades. El número de renuncias permite dimensionar la transición, pero no sustituye esas respuestas. Informar con precisión exige mantener separados los movimientos de personal, las declaraciones de las consejerías y las conclusiones que puedan emitir las instancias de control.
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