Investigaciones del INE: revisan contratos y recursos

Las investigaciones del INE sobre contrataciones y posible uso irregular de recursos públicos comenzaron en mayo de 2025 y siguen abiertas. El Órgano Interno de Control (OIC) reportó a comisiones de la Cámara de Diputados 13 expedientes iniciales y 24 investigaciones adicionales derivadas de auditorías y revisiones. Los procedimientos abarcan posibles conflictos de interés, deficiencias en adquisiciones y eventuales daños patrimoniales, sin que todos los señalamientos constituyan faltas acreditadas. La información fue difundida el 26 de octubre de 2026 por La Jornada, a partir de un reporte de la oficina encabezada por Víctor Hugo Carvente Contreras. El caso plantea preguntas sobre los mecanismos de compra, fiscalización y rendición de cuentas del organismo electoral.

Investigaciones del INE: 13 expedientes y otras 24 indagatorias

El OIC informó que inició 13 expedientes desde mayo de 2025 relacionados con presuntas irregularidades en la contratación de bienes y servicios durante la gestión de Guadalupe Taddei. De acuerdo con el reporte citado por La Jornada, nueve expedientes están vinculados con procedimientos de adquisiciones e involucran a por lo menos 13 funcionarios y exfuncionarios, ocho personas físicas y 18 empresas.

Además, seis auditorías y ocho revisiones de control dieron lugar a 24 investigaciones adicionales. La suma de 37 se refiere a indagatorias reportadas y no a 37 casos de corrupción judicialmente comprobados. El documento incluye hipótesis que deberán verificarse mediante procedimientos y pruebas.

Entre los posibles problemas analizados figuran simulación del cumplimiento de requisitos, abuso de funciones, fallas de supervisión y pagos por bienes o servicios. También se revisan indicios de conflictos de interés, colusión, documentos falsos o alterados y aplicación irregular de recursos públicos.

Qué detectó el órgano de control en las contrataciones

En el capítulo de conflictos de interés, el OIC reportó elementos probatorios en tres de cuatro casos examinados; el expediente restante continuaba en investigación. Esta valoración administrativa no equivale, por sí misma, a una sentencia definitiva contra las personas involucradas.

El 9 de octubre se notificaron al instituto 45 cédulas de observaciones preliminares de la auditoría A07-ADQ-2026, que revisó procedimientos de contratación realizados entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026. Las áreas analizadas incluyen administración, organización electoral, fiscalización y comunicación social.

El carácter preliminar de las observaciones es esencial: pueden requerir aclaraciones, documentación complementaria o la continuación de procedimientos antes de establecer responsabilidades. El OIC señaló que respetará la presunción de inocencia, el debido proceso y la reserva legal.

Sanciones y caso de proveedores reportados por el OIC

El reporte contabiliza 20 sanciones emitidas de enero de 2025 al corte informado: 19 inhabilitaciones que alcanzaron a 14 personas servidoras y exservidoras públicas, así como a cinco particulares, y una suspensión de 30 días. También menciona tres sanciones económicas cuyo monto conjunto asciende a 1.6 millones de pesos.

Estas sanciones corresponden a procedimientos resueltos y no deben confundirse automáticamente con las 37 investigaciones sobre contrataciones mencionadas en el mismo informe. Cada cifra describe una etapa o universo administrativo diferente.

Entre los expedientes de proveedores destaca Bell-Krom, contratada para adquirir y distribuir 25 mil 302 chamarras destinadas al personal electoral del proceso federal 2023-2024. Según el OIC, la firma fue inhabilitada el 2 de octubre por incumplimientos en la entrega de bienes.

Proponen reglas comunes para las compras electorales

El Órgano Interno de Control recomendó al Congreso impulsar una política nacional de regulación de contrataciones electorales que genere criterios comparables entre el INE y los organismos públicos locales electorales (OPLE), sin desconocer sus atribuciones y autonomía.

La propuesta contempla especificaciones técnicas homologables, estudios de mercado, precios de referencia y registros históricos para detectar variaciones de costos. El objetivo señalado es mejorar las condiciones de competencia, transparencia y supervisión de los recursos.

Asimismo, planteó coordinación entre la fiscalización electoral, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos locales de control. La recomendación no implica que el nuevo marco regulatorio ya haya sido aprobado ni sustituye las investigaciones en curso.

La revisión administrativa abre un debate sobre cómo se compran y fiscalizan bienes y servicios electorales. Su alcance dependerá de la conclusión documentada de los procedimientos, la posibilidad de defensa de las partes y las medidas que adopten las autoridades competentes. Las irregularidades presuntas deberán distinguirse de las responsabilidades finalmente demostradas.