Senado modifica reforma al ISR y la devuelve a Diputados

La Cámara de Senadores aprobó con cambios la reforma al ISR y devolvió la minuta a Diputados. El ajuste más visible modifica el tratamiento previsto para determinadas empresas automotrices y del sector de combustibles, dentro de un paquete que busca limitar el uso abusivo de deducciones y pérdidas fiscales sin aumentar tasas impositivas.

Qué aprobó el Senado y qué falta para concluir el proceso

La reforma al ISR obtuvo 78 votos a favor y 34 en contra en lo general. En lo particular, la cámara avaló con 77 votos a favor y 34 en contra los artículos reservados, incluida una modificación al artículo 78-E. El proyecto regresó a la Cámara de Diputados por tratarse de un texto modificado respecto del que había remitido la colegisladora.

El dictamen busca restringir determinados esquemas de deducciones y pérdidas fiscales que podrían disminuir artificialmente la base gravable. El objetivo declarado es combatir prácticas de evasión y elusión, además de facturación falsa y subvaluación, sin crear impuestos ni elevar las tasas existentes. El alcance definitivo dependerá del texto que concluya el proceso legislativo.

Por ello, la aprobación senatorial no debe confundirse con una entrada en vigor inmediata. Los ajustes fiscales propuestos todavía requieren que la Cámara de Diputados conozca el cambio aceptado y que se cumplan las etapas constitucionales correspondientes.

La excepción para la industria automotriz y los combustibles

La modificación aceptada durante el debate busca excluir de determinadas restricciones del capítulo X a las empresas que operan bajo autorización de depósito fiscal para ensamblar y fabricar vehículos. Su justificación, expuesta en el Senado, es que estas compañías ya están sujetas a controles aduaneros específicos y tienen características operativas comparables con las maquiladoras.

La propuesta también considera una excepción para contribuyentes autorizados que se dedican al expendio al público, la distribución o la comercialización de gasolinas y diésel. Sus promotores la vincularon con la búsqueda de certidumbre en el suministro y los precios de combustibles, pero ello no equivale a una garantía de que los precios se mantendrán sin cambios.

El ajuste respondió a preocupaciones por posibles impactos de las limitaciones fiscales sobre cadenas productivas. En particular, el sector automotriz opera mediante inversiones de largo plazo y redes de proveeduría transfronterizas. La regla aplicable tendrá que leerse con sus condiciones y excepciones exactas cuando exista una versión definitiva.

Deducciones y pérdidas fiscales: el argumento de la autoridad

El comunicado del Senado recoge datos atribuidos al Servicio de Administración Tributaria: de 737 mil empresas que presentaron declaraciones del ISR, 524 mil registraron ingresos positivos y, dentro de ese conjunto, 60.1% no pagó el impuesto, según la explicación difundida. El propio reporte vincula estos casos con la declaración de pérdidas fiscales.

Esas cifras fueron presentadas como sustento de los cambios, pero no prueban por sí solas que cada empresa sin pago haya incurrido en evasión. El resultado fiscal puede depender de factores legales, periodos de inversión y pérdidas acumuladas; por eso es indispensable diferenciar el uso permitido de deducciones de conductas ilícitas que deben demostrarse mediante procedimientos individuales.

La iniciativa plantea límites y condiciones para determinadas personas morales. Con ello pretende evitar la erosión de la base gravable, a la vez que establece excepciones para actividades sujetas a regímenes específicos. La discusión enfrenta el reto de fortalecer la recaudación sin generar incertidumbre innecesaria para la inversión productiva.

RESICO y actividades primarias: beneficios todavía propuestos

Además de los controles, el proyecto contempla cambios al Régimen Simplificado de Confianza. Según el comunicado, plantea para personas físicas con ingresos anuales de hasta cinco millones de pesos un pago de 125 mil pesos por concepto de ISR; esta cantidad corresponde a la descripción de la propuesta y no debe interpretarse como una cuota universal ya aplicable a todos los contribuyentes.

Para personas morales, se propone elevar de 35 a 50 millones de pesos anuales el límite de ingresos para permanecer en RESICO. El documento también plantea aumentar de 900 mil a un millón de pesos el umbral de ingresos exentos de ISR para quienes se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

En ambos casos, los potenciales beneficiarios deben esperar el resultado del trámite legislativo y consultar las disposiciones completas antes de tomar decisiones fiscales. Los requisitos, límites, transitorios y reglas de aplicación son tan importantes como las cifras anunciadas.

El debate sobre certidumbre fiscal y financiamiento público

En la discusión parlamentaria, representantes de PAN, PRI y PVEM promovieron otras reservas que no prosperaron. La aprobación del ajuste propuesto durante el debate no elimina las diferencias entre fuerzas políticas sobre el diseño del control de deducciones y sus posibles efectos sobre empresas de distintos tamaños y sectores.

Para la economía mexicana, la discusión tiene dos dimensiones: asegurar que el impuesto se calcule sobre bases que reflejen la actividad gravada y preservar reglas comprensibles para inversiones que se planean durante varios años. La certidumbre depende tanto de los objetivos recaudatorios como de la claridad de la ley y de su implementación administrativa.

La siguiente etapa se desarrollará en la Cámara de Diputados, que deberá pronunciarse sobre las modificaciones del Senado. Hasta entonces, las disposiciones descritas son parte de un proyecto en proceso, no obligaciones vigentes por el solo hecho de haber recibido una votación favorable en la cámara revisora.

La discusión continuará en la Cámara de Diputados. Para empresas y contribuyentes, el dato central es que las excepciones y los posibles beneficios del RESICO forman parte de una reforma en trámite: su aplicación dependerá del resultado legislativo y de la publicación de un texto definitivo.