Frank Aguirre toma el pulso del periodismo sudcaliforniano
Frank Aguirre compartió DÍMELO EN LA CALLE durante una reunión con periodistas y medios de comunicación sudcalifornianos.
Uber en Hidalgo enfrenta una denuncia por operar sin autorización; la Semot defiende la ley actual y empresarios proponen revisar las reglas de movilidad.

El Gobierno de Hidalgo confirmó que presentó una denuncia contra Uber ante la Procuraduría General de Justicia estatal, tras el comienzo de viajes solicitados mediante la plataforma en Pachuca. La secretaria de Movilidad y Transporte, Lyzbeth Robles Gutiérrez, aseguró este 26 de octubre que el servicio carece de autorización conforme a la legislación vigente. El conflicto sobre Uber en Hidalgo abre una discusión que rebasa a una sola empresa: cómo regular las aplicaciones de transporte, qué obligaciones deben cumplir los conductores y qué alternativas necesitan los pasajeros. Mientras el gobierno sostiene que debe aplicar las reglas actuales, representantes empresariales proponen revisar la ley e incluir a usuarios y transportistas en el diálogo.
En la conferencia semanal del gobierno estatal, Robles Gutiérrez informó que la Coordinación General Jurídica del Poder Ejecutivo presentó la denuncia contra Uber ante la Procuraduría. La titular de Movilidad calificó de irregular la prestación de viajes sin la autorización que exige la legislación de Hidalgo.
La funcionaria señaló que no existe un acercamiento formal de la empresa con la dependencia. Explicó que se han recibido llamadas de personas que dicen representar a Uber, pero que no han acreditado su personalidad jurídica. Esta es la postura de la autoridad estatal; presentar una denuncia no equivale, por sí solo, a una resolución que determine responsabilidades.
La Secretaría pidió cautela a quienes consideren registrarse para conducir mediante aplicaciones. Robles Gutiérrez sostuvo que, en procedimientos anteriores contra servicios irregulares, las plataformas no siempre respaldaron a los choferes sancionados. La advertencia fue presentada como un asunto de seguridad y cumplimiento normativo.
En su comparecencia ante el Congreso de Hidalgo del 21 de octubre, la funcionaria explicó que los amparos promovidos por Uber no le habían otorgado autorización para operar en el estado. También informó sobre sanciones a unidades que ofrecían transporte a través de aplicaciones y redes sociales; esas medidas corresponden a distintos servicios y no deben atribuirse exclusivamente a Uber.
La controversia no se limita a Uber. Durante su comparecencia ante el Congreso de Hidalgo el 21 de octubre, Lyzbeth Robles Gutiérrez reportó 50 infracciones vinculadas con vehículos que ofrecían traslados a través de aplicaciones digitales o redes sociales, dentro del periodo del 5 de septiembre de 2025 al 5 de septiembre de 2026.
En la cobertura de esa comparecencia aparecen mencionadas DiDi, Pronto, inDrive, Cabify y BlaBlaCar entre las plataformas relacionadas con esos servicios. La información difundida no desglosa el número de infracciones por aplicación ni demuestra que las cinco empresas hayan sido sancionadas directamente. Las boletas fueron reportadas respecto de vehículos y servicios detectados por la autoridad.
Tampoco todas las plataformas tienen el mismo modelo de negocio: BlaBlaCar se presenta como un servicio de viajes compartidos, distinto del transporte solicitado a demanda. Esa diferencia debe tomarse en cuenta al examinar qué disposiciones legales resultarían aplicables a cada modalidad.
La Semot sostiene que los servicios de transporte de pasajeros contratados por aplicaciones deben cumplir la Ley de Movilidad y Transporte de Hidalgo, incluido el registro o autorización que corresponda. La publicidad de una aplicación o su disponibilidad en un teléfono no prueba que cuente con un permiso estatal vigente.
El presidente de Coparmex Hidalgo, Fernando Garrido, propuso abrir una mesa técnica para actualizar el marco de movilidad y analizar el ingreso de plataformas. Al responder, Robles Gutiérrez afirmó que está dispuesta a escuchar a ciudadanos, empresarios y transportistas, aunque enfatizó que las reformas legales corresponden al Congreso estatal.
La posibilidad de cambiar la legislación no implica que Uber cuente actualmente con autorización. La Secretaría informó, además, que trabaja en una iniciativa para armonizar el marco estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
La funcionaria consideró que la incorporación de una nueva aplicación no resolvería por sí sola la congestión ni las deficiencias del transporte público. Citó problemas de infraestructura urbana, vialidades y condiciones de desplazamiento para peatones y ciclistas.
El episodio de Uber en Hidalgo coloca sobre la mesa una decisión de política pública: cómo permitir innovación y opciones de traslado con reglas claras, supervisión, seguridad para usuarios y condiciones equitativas para quienes prestan el servicio. Hasta ahora, no se ha anunciado una autorización estatal para la plataforma.
La denuncia abre una vía de revisión legal, pero no sustituye la discusión sobre el modelo de movilidad que Hidalgo quiere adoptar. Un eventual cambio de reglas requeriría decisiones legislativas y mecanismos verificables de seguridad, supervisión y responsabilidad para las empresas y los conductores.
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