ONU-Hábitat reconoce Utopías de Clara Brugada
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Ante señalamientos contra Guadalupe Taddei, el diputado propone eliminar el fuero y establecer plazos para atender denuncias de juicio político.

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar planteó eliminar el fuero y hacer más efectivo el juicio político, a propósito de los señalamientos que involucran a Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). En un boletín fechado el 25 de octubre de 2026, el legislador de Morena pidió revisar las reglas del Congreso para establecer plazos definidos, tramitar denuncias y evitar demoras en los procedimientos. Su planteamiento distingue la declaración de procedencia, vinculada con la posibilidad de iniciar procesos penales, del juicio político, orientado a determinar responsabilidades por conductas graves. También insistió en que cualquier investigación debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
Ramírez Cuéllar sostuvo que eliminar el fuero permitiría retomar la discusión sobre los límites de la inmunidad procesal de determinadas personas servidoras públicas. Precisó que la protección del ejercicio de las funciones legislativas no debe confundirse con privilegios personales frente a posibles delitos.
El planteamiento surgió tras señalamientos públicos sobre presuntos conflictos de interés e irregularidades en contratos del INE. Se trata de acusaciones que requieren investigación y resolución de las autoridades competentes; el comunicado no acredita por sí mismo una responsabilidad de Guadalupe Taddei.
El legislador señaló que la declaración de procedencia, prevista en el artículo 111 constitucional, y el juicio político, regulado en el artículo 110, no son equivalentes. La primera se relaciona con la posibilidad de proceder penalmente contra ciertas personas funcionarias; el segundo permite examinar responsabilidades políticas por actos u omisiones graves en los términos constitucionales.
El artículo 110 incluye expresamente a la presidencia y a las consejerías electorales del INE entre las personas que pueden ser sujetas a juicio político. Establece que la Cámara de Diputados formula, cuando procede, la acusación, y el Senado resuelve como jurado de sentencia. Que exista esta vía no significa que una denuncia haya sido admitida ni que se haya determinado culpabilidad.
Para agilizar el juicio político, Ramírez Cuéllar propuso revisar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Congreso, con el objetivo de establecer plazos verificables en cada etapa y evitar prácticas dilatorias.
Agregó que no es necesario esperar una eventual reforma para eliminar el fuero antes de examinar una denuncia de juicio político que satisfaga los requisitos vigentes. Según su planteamiento, una investigación debe sustentarse en pruebas y causas legales, no en afinidades partidistas.
El diputado vinculó el debate con la confianza pública en la autoridad electoral y afirmó que los señalamientos sobre contratación deben esclarecerse mediante los cauces institucionales, con transparencia y respeto al derecho de defensa.
En medios nacionales se informó que Taddei anunció el 25 de octubre que presentaría su renuncia el día 26. Ese anuncio debe distinguirse de la conclusión del trámite formal; la discusión sobre eventuales responsabilidades se mantiene separada del relevo en la presidencia del organismo.
El alcance de la propuesta dependerá de que se convierta en una iniciativa legislativa formal, de sus reglas concretas y de la deliberación del Congreso. Los señalamientos relacionados con el INE deberán resolverse por las autoridades competentes, con pruebas y garantías procesales.
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Tras el anuncio de la renuncia de Taddei, Ramírez Cuéllar insiste en investigar posibles responsabilidades y garantizar la continuidad del INE.