Morena abre debate sobre facultades del INE

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados está dispuesta a discutir una revisión de las facultades del INE que fueron ampliadas en 2024 para su presidencia. El coordinador parlamentario Ricardo Monreal Ávila abrió la posibilidad de reconsiderar las atribuciones para nombrar altos funcionarios sin una mayoría reforzada del Consejo General, aunque aclaró que el debate no significa que una reforma ya esté aprobada.

Qué facultades del INE están bajo discusión

El debate legislativo se concentra en las atribuciones que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorgó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral en octubre de 2024. Antes del cambio, la designación de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas exigía el respaldo de una mayoría de ocho integrantes del Consejo General; la modificación permitió que determinados nombramientos se decidieran directamente desde la presidencia.

La reforma derivó de una reserva presentada en el Senado por Pavel Jarero Velázquez, durante la discusión de los cambios a los artículos 45 y 48 de la legislación electoral. En el lenguaje público, estas facultades han recibido el nombre de «superpoderes», una caracterización política que no constituye una denominación jurídica oficial.

La concentración de decisiones administrativas adquirió relevancia ante los señalamientos y las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE. La existencia de procedimientos abiertos no demuestra por sí misma que las personas señaladas hayan cometido faltas administrativas o delitos.

Ricardo Monreal plantea deliberar, no anuncia una reforma aprobada

El 26 de octubre, Ricardo Monreal expresó disposición para discutir el alcance de las atribuciones asignadas a la presidencia del organismo electoral. Su postura representa una apertura al análisis parlamentario, no la presentación formal de una iniciativa ni una decisión adoptada por ambas cámaras.

En declaraciones anteriores, el legislador había sostenido que la reforma de 2024 respondió a un contexto específico y que no la consideraba un error legislativo. Aun así, admitió que era pertinente examinar si resulta conveniente conceder atribuciones de tanta amplitud dentro de un organismo colegiado.

El debate toca un principio institucional: la diferencia entre agilizar decisiones operativas y preservar contrapesos internos. Quienes defienden facultades ejecutivas amplias pueden argumentar que facilitan la gestión; quienes proponen limitarlas ponen el acento en los mecanismos colegiados de revisión y responsabilidad. El resultado dependerá del contenido concreto de cualquier futura iniciativa.

El artículo 105 y los límites de una reforma electoral

La discusión ocurre con el proceso electoral de 2027 en el horizonte. El artículo 105 de la Constitución establece límites para publicar modificaciones legales electorales fundamentales durante los noventa días anteriores al inicio del proceso en que se aplicarán y prohíbe modificaciones legales fundamentales durante ese proceso.

Por eso, la disposición a debatir una reforma no equivale a la posibilidad inmediata de cambiar todas las reglas aplicables al siguiente proceso electoral. El alcance de cualquier modificación tendría que examinarse según su naturaleza, la fecha del procedimiento y la interpretación constitucional correspondiente.

Además, la discusión sobre facultades internas de la presidencia del INE es jurídicamente diferente del procedimiento de designación de quien ocupará ese puesto. Son dos decisiones que pueden coincidir en la agenda pública sin que una sustituya automáticamente a la otra.

El relevo de la presidencia del INE sigue otra ruta

El Canal del Congreso informó que la Cámara de Diputados preparaba el procedimiento para designar a una nueva persona titular de la presidencia del INE tras la renuncia anunciada por Guadalupe Taddei Zavala. Según las explicaciones de Monreal, la sustitución requiere una convocatoria, un Comité Técnico y una votación legislativa.

La designación ordinaria exige el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes; si no se alcanza esa mayoría, el procedimiento constitucional contempla la insaculación. Mientras tanto, se prevé una conducción provisional conforme a las reglas institucionales aplicables.

En paralelo, las investigaciones administrativas deben seguir su curso con garantías de defensa y presunción de inocencia. Ni la salida de una persona del cargo ni una eventual reforma administrativa producen, por sí solas, conclusiones sobre responsabilidades individuales.

La posible revisión de las facultades del INE sitúa al Congreso ante una decisión institucional de largo plazo: definir cuánto poder de designación debe concentrar la presidencia y qué controles colegiados deben acompañarlo. Por ahora, lo confirmado es la disposición de Morena a discutir el tema. El texto de una eventual iniciativa, sus plazos y su viabilidad constitucional siguen pendientes.