Archivos militares: Comité 68 exige abrir expedientes

A 58 años de Tlatelolco, ex dirigentes del movimiento estudiantil exigieron abrir archivos militares y continuar los procesos para esclarecer responsabilidades.

Vehículos militares rodeados por una multitud en el Zócalo de la Ciudad de México durante el movimiento estudiantil de 1968

A 58 años de la masacre de Tlatelolco, ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968 exigieron a la Secretaría de la Defensa Nacional abrir los archivos militares que podrían contener información sobre las víctimas y la actuación de las fuerzas armadas el 2 de octubre. También reclamaron que las autoridades judiciales continúen los procedimientos para esclarecer responsabilidades, incluso respecto de personas que ya fallecieron.

Archivos militares, una demanda pendiente del Comité 68

Félix Hernández Gamundi, dirigente histórico del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, sostuvo durante la movilización del 2 de octubre que los expedientes castrenses podrían aportar información sobre el número de personas asesinadas y heridas. A 58 años de los hechos, esas cifras siguen sin estar plenamente esclarecidas.

El ex dirigente afirmó que el Ejército intervino directamente en la represión y en el manejo posterior de víctimas. A partir de esa premisa, el Comité 68 reclama que los archivos militares sean puestos a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

El Comité 68 pide continuar los procesos judiciales

Hernández Gamundi sostuvo que existen personas identificables que dieron órdenes o participaron en la cadena de decisiones y planteó que los procedimientos deben continuar aun cuando algunos presuntos responsables hayan fallecido. Entre los nombres mencionados por él estuvieron los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, así como Fernando Gutiérrez Barrios, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad.

El dirigente hizo referencia a una resolución judicial obtenida en 2024 por la familia de Lucio Cabañas sobre crímenes de lesa humanidad. La exigencia expresada durante el mitin es que las instituciones judiciales determinen las responsabilidades correspondientes; esta nota no sustituye esa determinación ni atribuye responsabilidad penal por cuenta propia.

La exigencia enlaza Tlatelolco con el caso Ayotzinapa

Durante el acto, Hernández Gamundi relacionó la apertura de expedientes sobre 1968 con la demanda de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Señaló que en ambos casos existe una exigencia de acceso a documentación militar para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia.

La movilización partió de la Plaza de las Tres Culturas y llegó al Zócalo capitalino. Participaron sobrevivientes e integrantes del Comité 68, estudiantes de distintas instituciones, normalistas rurales, organizaciones sociales y familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.

El gobierno federal reiteró el reconocimiento de responsabilidad estatal

En la misma jornada conmemorativa, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que en 2024 el Estado mexicano reconoció oficialmente la masacre de Tlatelolco como un crimen de Estado. Este 2 de octubre señaló a Gustavo Díaz Ordaz, entonces presidente y comandante de las fuerzas armadas, como principal responsable de la represión, conforme al reconocimiento gubernamental.

Sheinbaum también se reunió con integrantes del Comité Eureka para dar seguimiento a demandas de verdad y justicia relacionadas con la represión y las desapariciones de las décadas de 1960 y 1970. Ambos hechos forman parte del contexto institucional en el que persiste la exigencia de acceso a archivos militares.

Una exigencia de verdad documental

La conmemoración de 2026 volvió a colocar el acceso a los archivos militares en el centro de las demandas de sobrevivientes y organizaciones vinculadas con el movimiento de 1968. La apertura documental, sostienen, es necesaria para precisar información todavía incompleta sobre las víctimas y para que las autoridades competentes determinen responsabilidades con base en expedientes y pruebas.

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