Gobierno reporta contratación de 43 mil 530 profesionales de salud
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El Poder Judicial mexiquense reportó 289 mil 421 asuntos iniciados y 187 mil 220 concluidos; reconoce falta de jueces, instalaciones y mejores tiempos.

El Poder Judicial del Estado de México presentó el balance de su primer año bajo la nueva integración derivada de la reforma judicial. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 reportó 289 mil 421 asuntos iniciados, 187 mil 220 concluidos y 222 mil 328 resoluciones. Las cifras, expuestas en el primer informe de Héctor Macedo García y recogidas por Revista Escaparate, muestran actividad jurisdiccional y desafíos pendientes: personal juzgador insuficiente, infraestructura y tiempos de respuesta.
Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el Poder Judicial mexiquense registró 289 mil 421 asuntos iniciados y 187 mil 220 concluidos, además de 222 mil 328 resoluciones. Estas tres cifras miden conceptos diferentes: expedientes que ingresan, expedientes que terminan y determinaciones emitidas; no deben utilizarse como si fueran equivalentes.
El informe citado por Revista Escaparate atribuye 137 mil 733 asuntos a la materia familiar, cerca del 47% del total. También menciona 58 mil 301 civiles, 48 mil 449 mercantiles, 32 mil 698 penales y 16 mil 681 laborales. La suma de esos rubros excede el total general reportado, por lo que el desglose requiere cotejo con el informe original antes de considerarse una distribución exhaustiva.
En materia laboral, la publicación señala un incremento de 29% respecto del periodo previo. El dato describe mayor ingreso de asuntos y no necesariamente una mejora o deterioro en la rapidez de las sentencias.
En salas y tribunales de segunda instancia se recibieron 18 mil 939 asuntos y se concluyeron 18 mil 228, según el balance. La publicación resume esa relación como un índice de resolución de 96%. La cifra debe interpretarse dentro de ese ámbito y periodo, no como una tasa general de todo el sistema judicial.
El Tribunal de Disciplina Judicial, que comenzó funciones el 5 de septiembre de 2025, reportó 108 resoluciones en su primer año. De acuerdo con la información publicada, 13% derivó en amonestaciones públicas y se ejercieron aproximadamente 128 millones de pesos para su operación.
La reforma judicial mexiquense creó el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración Judicial, con funciones diferenciadas de vigilancia y administración, en sustitución del anterior Consejo de la Judicatura.
Entre los avances señalados por el Poder Judicial figura la adaptación de más de mil 400 sentencias a lenguaje ciudadano, una medida destinada a facilitar la comprensión de las decisiones judiciales.
La publicación también identifica iniciativas de justicia digital y participación de más de 3 mil personas en foros relacionados con el Plan de Desarrollo institucional. Sin indicadores comparables de uso, cobertura o satisfacción, esos anuncios describen acciones emprendidas, pero no permiten medir por sí solos su efecto en el acceso a la justicia.
En el programa Justicia Casa por Casa se reportaron 7 mil 77 acciones de acercamiento, incluidas visitas a alrededor de 4 mil hogares de Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, con atención directa a 723 personas. También se informó sobre una Alianza Pro Bono para ofrecer orientación a personas con recursos limitados.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, reconoció necesidades de infraestructura, rezago salarial, la conclusión del Código de Ética y la reducción de tiempos de resolución. El diagnóstico apunta a una demanda de servicios que supera la capacidad disponible en determinados órganos.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló durante el informe que la entidad necesita más jueces frente al volumen de asuntos. La advertencia coincide con el desafío de hacer que la nueva estructura institucional se traduzca en una atención más oportuna para las personas usuarias.
El balance corresponde al primer año de la nueva integración, de septiembre de 2025 a agosto de 2026. No debe confundirse con un balance de toda la administración estatal ni presentarse como evidencia definitiva de que la reforma judicial ya cumplió sus objetivos.
El reto para el Poder Judicial del Edomex será transformar los cambios institucionales en resultados verificables: menos espera, resoluciones comprensibles, cobertura territorial y capacidad suficiente para atender los expedientes. El seguimiento deberá distinguir entre asuntos ingresados, concluidos y resoluciones emitidas, y aclarar las diferencias del desglose por materia antes de establecer comparaciones definitivas.
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