FGR investiga corrupción atribuida a César Jáuregui

Ernestina Godoy confirmó que la FGR abrió una nueva línea de investigación sobre posibles actos de corrupción de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua. La indagatoria surgió de señalamientos que la gobernadora Maru Campos comunicó a la fiscal general sobre presuntos casinos y prestanombres, en paralelo al caso por la participación de agentes extranjeros en un operativo estatal.

FGR abre otra línea de investigación sobre César Jáuregui

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación relacionada con posibles actos de corrupción atribuidos al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. La titular de la institución, Ernestina Godoy, explicó el 23 de octubre de 2026 que la decisión surgió después de una reunión con la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

De acuerdo con la fiscal, Campos responsabilizó a quien fuera su fiscal estatal de lo ocurrido en Chihuahua durante un operativo en el que participaron personas extranjeras. También le manifestó señalamientos sobre presuntos negocios de casinos y el uso de prestanombres. La apertura de una investigación no constituye una declaración de culpabilidad.

Lo que Maru Campos comunicó a Ernestina Godoy

Godoy relató ante periodistas que recibió a la mandataria estatal en sus oficinas, en un encuentro al que también asistió David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR.

Según el testimonio de la fiscal general, Campos afirmó que Jáuregui era responsable de la intervención de agentes extranjeros y sostuvo que el exfuncionario tenía casinos y prestanombres. La gobernadora, agregó Godoy, ofreció hacer llegar información que respaldara sus dichos.

La FGR ratificó posteriormente en una tarjeta informativa la realización de esa reunión y señaló que la mandataria había compartido información sobre presuntos actos de corrupción. Los señalamientos siguen sujetos a verificación ministerial; la institución no anunció una sentencia ni acreditó públicamente la propiedad de los establecimientos mencionados.

Sheinbaum dio a conocer el antecedente de la reunión

En su conferencia matutina del mismo 23 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que Maru Campos ya le había referido señalamientos de corrupción contra Jáuregui durante un encuentro previo en Ciudad Juárez.

Sheinbaum dijo que recomendó a la gobernadora presentar la información ante las autoridades competentes y reunirse con Ernestina Godoy. La declaración presidencial aporta el antecedente de cómo llegó el asunto a la FGR, pero no sustituye las diligencias ni las pruebas que deberá recabar la Fiscalía.

El caso es distinto del operativo con agentes extranjeros

La investigación por posibles actos de corrupción debe diferenciarse de las indagatorias vinculadas con la participación de personas extranjeras en un operativo de seguridad en territorio de Chihuahua. Este último caso generó cuestionamientos sobre autorizaciones, competencias y posible incumplimiento de disposiciones nacionales.

La FGR informó que en la reunión con Campos también se habló de las imputaciones del ámbito federal relacionadas con traición a la patria y de posibles delitos del fuero común. Los detalles de cada investigación deberán atender a sus respectivas carpetas y resoluciones judiciales.

Qué falta por aclarar en la nueva investigación

La información divulgada hasta el 23 de octubre acredita que la FGR abrió una línea de investigación y recibió señalamientos de la gobernadora. No permite afirmar que se hayan probado negocios irregulares, el uso de prestanombres o delitos concretos por parte de Jáuregui.

Entre los aspectos pendientes están la entrega y valoración de los datos ofrecidos, la identificación de hechos investigables y las determinaciones que adopten el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales. El exfiscal conserva la presunción de inocencia y sus derechos de defensa.

La noticia confirmada es la apertura de una nueva línea de investigación, no la acreditación de un delito. El seguimiento requerirá documentos ministeriales y decisiones judiciales que permitan distinguir las acusaciones públicas de los hechos probados.