Harfuch descarta una agenda paralela rumbo a 2030
Omar García Harfuch afirmó ante diputados que su responsabilidad en seguridad le impide mantener una agenda paralela rumbo a 2030.
Los mandos del CJNG aparecen en investigaciones sobre Carlos Manzo y Valeria Márquez; México y Estados Unidos distinguen responsabilidades y jerarquías.

Las investigaciones sobre los asesinatos de Carlos Manzo y Valeria Márquez volvieron a colocar bajo escrutinio a distintos mandos del CJNG. La detención de un presunto operador regional y nuevas acusaciones en Estados Unidos permiten observar estructuras diferentes, aunque los alias R1, R2 y R3 no forman por sí solos una jerarquía única.
Las claves R1, R2 y R3 aparecen en expedientes sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero no describen una sola cadena de mando. Según documentos judiciales estadounidenses, Ramón Álvarez Ayala, alias R1, y Rafael Álvarez Ayala, alias R2, fueron señalados como comandantes regionales en Michoacán.
En cambio, Juan Carlos Valencia González, identificado como R3 o El 03, es señalado por autoridades estadounidenses como dirigente de la organización tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en febrero de 2026. Las designaciones y acusaciones no equivalen a sentencias condenatorias.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 26 de agosto de 2026 una acusación formal contra los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala por presunta conspiración para traficar cocaína y metanfetaminas hacia ese país, además de delitos vinculados con armas. La dependencia los describió como mandos regionales del CJNG.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por Infobae el 6 de octubre, R1 fue detenido el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco. Autoridades mexicanas lo relacionaron como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan. La misma publicación señala que R2 habría asumido la conducción de la célula conocida como Los Rs. Se trata de líneas de investigación y señalamientos oficiales, no de culpabilidad judicialmente establecida.
El asesinato de Valeria Márquez, ocurrido el 14 de mayo de 2025 en Zapopan, también aparece en la reconstrucción de Infobae. El medio reportó declaraciones atribuidas a Omar García Harfuch según las cuales Francisco Álvarez, hijo de R1, habría pedido a su padre cometer el crimen. Esa versión debe presentarse como hipótesis de investigación, no como hecho probado.
El nombre de Ricardo Ruiz Velasco, alias El Doble R, apareció antes en señalamientos estadounidenses relacionados con el caso; sin embargo, la Fiscalía de Jalisco afirmó en 2025 que no contaba con evidencia para vincularlo directamente con el homicidio. Las distintas afirmaciones no deben fusionarse ni interpretarse como una resolución definitiva.
El Departamento de Justicia estadounidense informó el 5 de agosto de 2026 que Juan Carlos Valencia González enfrenta acusaciones federales y que se ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Washington lo identifica como sucesor de El Mencho en la dirigencia del CJNG.
En ese mismo anuncio, Estados Unidos incluyó a Ricardo Ruiz Velasco entre los presuntos mandos del Grupo Élite y fijó una recompensa de hasta 10 millones de dólares. Aunque algunos alias comparten la letra R, las autoridades los sitúan en estructuras y funciones distintas.
Las acusaciones estadounidenses permiten documentar señalamientos por narcotráfico y organización criminal, mientras que las investigaciones mexicanas buscan esclarecer responsabilidades por los homicidios de Manzo y Márquez. La coincidencia de nombres en ambos ámbitos no acredita automáticamente vínculos entre todos los hechos.
La información pública exige distinguir entre personas detenidas, prófugas, acusadas y condenadas. También requiere actualizar cualquier cambio procesal mediante registros judiciales y comunicados oficiales antes de presentar conclusiones definitivas.
Los expedientes sobre los mandos del CJNG muestran una red de investigaciones en México y Estados Unidos, pero cada imputación debe evaluarse por separado. La atribución de responsabilidades penales corresponde a las autoridades judiciales y exige respetar la presunción de inocencia.
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