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Arístides Guerrero llamó a convertir los derechos de las mujeres en medidas de protección, sentencias y reparaciones efectivas desde la Suprema Corte.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Rodrigo Guerrero García, afirmó que uno de los principales desafíos del sistema judicial mexicano es lograr que los derechos de las mujeres se traduzcan en decisiones, medidas de protección y reparaciones efectivas.
Al inaugurar el conversatorio Del papel a la justicia: transformar el sistema desde la experiencia de las mujeres, el ministro sostuvo que la revisión de las sentencias con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos forma parte de las prioridades de la actual administración de la Suprema Corte.
Guerrero García señaló que, aunque en las últimas décadas se han ampliado los derechos reconocidos a las mujeres, persisten obstáculos que limitan su acceso a la justicia. Por ello, consideró indispensable incorporar sus testimonios y experiencias al análisis de las fallas que todavía existen en las instituciones encargadas de investigar, juzgar y reparar las violaciones a sus derechos.
“Este conversatorio busca abrir un espacio de reflexión y análisis sobre las barreras que continúan enfrentando las mujeres para acceder plenamente a la justicia”, expresó.
El encuentro se realizó en la sede del máximo tribunal con la colaboración del Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA Justicia Social) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). En él participaron especialistas, activistas y defensoras de derechos humanos.
Como parte de la jornada, se presentaron los resultados de un diagnóstico sobre las experiencias de 12 mujeres sometidas a procesos penales. El estudio documentó prácticas de violencia institucional, deficiencias en la atención de las autoridades y obstáculos para ejercer derechos básicos dentro del sistema de justicia.
Los datos expuestos mostraron la magnitud de estas dificultades: dos de cada tres denuncias presentadas por mujeres no avanzan más allá de la etapa inicial de investigación y 27 por ciento de las denunciantes no recibió medidas de protección. Además, se registraron casos de acoso, tortura sexual y presiones para abandonar los procedimientos.
Las organizaciones participantes señalaron que los estereotipos de género continúan influyendo en las actuaciones judiciales. También identificaron problemas para valorar adecuadamente los contextos de violencia, garantizar una defensa efectiva y asegurar la reparación integral del daño.
Durante el conversatorio se abordó igualmente la situación de las mujeres privadas de la libertad. Beatriz Maldonado, fundadora de Mujeres Unidas por la Libertad México, expuso las dificultades que enfrentan para acceder a una defensa jurídica adecuada, recibir atención médica y lograr una reinserción social efectiva después de recuperar su libertad.
Las participantes reconocieron los avances impulsados por la Suprema Corte, entre ellos la elaboración de protocolos para juzgar con perspectiva de género desde 2010. Sin embargo, coincidieron en que el desafío actual consiste en garantizar que estos instrumentos se apliquen de manera consistente y produzcan cambios verificables en los procesos judiciales.
El diálogo permitió identificar prácticas institucionales que aún reproducen desigualdades y plantear alternativas para fortalecer la protección de las mujeres dentro del sistema penal.
En este contexto, Arístides Guerrero destacó la importancia de acercar las decisiones judiciales a las experiencias concretas de las mujeres y de convertir los principios de igualdad y derechos humanos en respuestas efectivas frente a la violencia y la discriminación.
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