Morena exige libertad de Luisa González en Ecuador

Morena exigió la libertad de Luisa González, excandidata presidencial ecuatoriana detenida este 22 de octubre de 2026. En un comunicado, el partido denunció persecución política; mientras tanto, la Fiscalía de Ecuador investiga presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña de 2023.

Morena exige la libertad de Luisa González tras su detención

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena difundió este jueves 22 de octubre de 2026 un posicionamiento para exigir la libertad de Luisa González, excandidata presidencial de Revolución Ciudadana en Ecuador. El partido mexicano calificó su detención como persecución política y expresó solidaridad con ella y con el pueblo ecuatoriano.

En el documento titulado «La persecución política es traición al pueblo y a la democracia», Morena atribuyó al gobierno del presidente Daniel Noboa una ofensiva contra la izquierda. Es una acusación del partido mexicano, no una conclusión judicial acreditada en los elementos consultados.

Qué investiga la Fiscalía ecuatoriana

La detención de González ocurrió la madrugada del 22 de octubre en la provincia de Manabí, en un operativo relacionado con una investigación por presunto lavado de activos. La Fiscalía General del Estado informó de órdenes de detención contra tres personas con fines de formulación de cargos. La investigación examina presuntas irregularidades en el origen y manejo de recursos para publicidad durante la campaña presidencial de 2023.

Según la explicación difundida por la Fiscalía, los investigadores indagan si se canalizaron fondos mediante personas jurídicas sin identificar de forma transparente a quienes habrían aportado el dinero. La detención no equivale a una sentencia condenatoria. González ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como motivadas políticamente.

Morena denuncia uso político de la justicia

En su pronunciamiento, Morena sostuvo que utilizar procedimientos judiciales para restringir la competencia electoral debilita la democracia y denunció lo que considera un uso selectivo de la justicia contra dirigentes y movimientos de izquierda en América Latina.

El CEN pidió a las autoridades ecuatorianas garantizar la integridad y seguridad de González, el acceso efectivo a su defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso. El comunicado no aportó documentos judiciales que permitan establecer que el procedimiento penal haya sido ordenado por el Ejecutivo ecuatoriano.

El antecedente de la embajada de México en Quito

El partido vinculó su protesta con el ingreso de fuerzas de seguridad ecuatorianas a la embajada de México en Quito en abril de 2024, cuando fue detenido el exvicepresidente Jorge Glas. La incursión abrió una controversia diplomática e internacional por la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

Morena utilizó ese antecedente para cuestionar la actuación del gobierno de Noboa. Aunque se trata de un episodio distinto y documentado, no constituye por sí mismo prueba sobre la legalidad o motivación de la investigación penal actual contra González.

Revolución Ciudadana cuestiona el procedimiento

La organización ecuatoriana Revolución Ciudadana también protestó por la detención y, durante la mañana del jueves, denunció que desconocía el lugar al que había sido trasladada González y que su defensa no había podido acceder a ella. Esas afirmaciones fueron difundidas por el movimiento y reportadas por medios ecuatorianos; no se presentan aquí como hechos verificados de manera independiente.

La situación procesal dependerá de la exposición de elementos por parte de la Fiscalía y de las decisiones de las autoridades judiciales competentes. Las autoridades deben respetar las garantías de toda persona investigada, independientemente de su trayectoria política.

La exigencia de Morena y las denuncias de Revolución Ciudadana forman parte de la respuesta política a la detención. La investigación por presunto lavado de activos corresponde a la Fiscalía ecuatoriana y aún debe seguir las etapas judiciales pertinentes. La cobertura distingue ambos planos y mantiene vigente la presunción de inocencia de Luisa González.