Notarios de Hidalgo: cinco casos siguen bajo proceso

Cinco notarios de Hidalgo enfrentan procedimientos administrativos y penales en casos relacionados con presuntas irregularidades en el ejercicio de la función notarial, de acuerdo con información atribuida a Mario Pedro Velázquez Bárcena, titular del Archivo General de Notarías del estado. Los expedientes permanecen en distintas etapas, por lo que la existencia de investigaciones o procedimientos no equivale por sí misma a una determinación definitiva de responsabilidad.

Notarios de Hidalgo: cinco procedimientos permanecen vigentes

Velázquez Bárcena informó que actualmente existen cinco procedimientos administrativos y penales relacionados con notarios en la entidad. La información forma parte de un balance sobre revisiones y quejas en dependencias vinculadas con la Secretaría de Gobierno de Hidalgo.

Entre los asuntos mencionados públicamente se encuentra el de Octavio Eduardo N., exnotario de Tizayuca, quien fue vinculado a proceso por hechos que la ley señala como usurpación de funciones. La vinculación a proceso no constituye una sentencia y la responsabilidad penal debe resolverse conforme al procedimiento judicial correspondiente.

Por la naturaleza de las investigaciones en curso, las autoridades no han hecho públicos todos los nombres vinculados con los cinco procedimientos.

Revisiones detectaron irregularidades en protocolos notariales

El director del Archivo General de Notarías recordó que durante las inspecciones realizadas entre 2022 y 2023 se detectaron inconsistencias y desorden en protocolos notariales. Como consecuencia, ocho de cada 10 notarios fueron sancionados con multas que oscilaron entre 3 mil y 33 mil pesos.

Información publicada posteriormente señala que las revisiones abarcaron los siete distritos del estado y que el Archivo General de Notarías dio seguimiento a cientos de quejas. Una parte importante de los asuntos se relacionó con el cumplimiento de obligaciones propias de la función notarial.

Las sanciones administrativas de aquel periodo constituyen un antecedente distinto de los cinco procedimientos actualmente reportados y no deben interpretarse como una imputación penal generalizada contra el gremio.

Quejas y supervisión sobre la función notarial

La actividad de los notarios de Hidalgo tiene un impacto directo sobre operaciones patrimoniales, contratos, escrituras y otros actos que requieren certeza jurídica. Por ello, los procedimientos de supervisión permiten revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para quienes ejercen la fe pública.

El Archivo General de Notarías puede conocer irregularidades a partir de quejas de usuarios y de las inspecciones correspondientes. Dependiendo de los hechos acreditados y de la vía aplicable, los casos pueden derivar en sanciones administrativas y, cuando existen elementos para ello, en investigaciones de naturaleza penal.

Los expedientes deben resolverse individualmente y con respeto al derecho de defensa y a la presunción de inocencia. La existencia de una queja, carpeta de investigación o procedimiento administrativo no permite anticipar su resultado.

Autoridades mantienen abiertos los procedimientos

El balance conocido en octubre de 2026 muestra que la supervisión sobre los notarios de Hidalgo continúa después de las revisiones realizadas al inicio de la actual administración estatal.

De acuerdo con la información disponible, cinco casos permanecen bajo procedimiento y algunos asuntos relacionados con la función notarial han avanzado también por la vía penal. La secrecía de las investigaciones limita, por ahora, la información pública sobre cada expediente.

El seguimiento institucional será determinante para conocer las resoluciones de cada caso y, en su caso, las sanciones que correspondan conforme a la legislación aplicable.

Los procedimientos abiertos colocan nuevamente la supervisión de la función notarial en la agenda pública de Hidalgo. Más allá del número de expedientes, su resolución deberá establecer con precisión los hechos acreditados y las responsabilidades individuales, evitando extender señalamientos a personas o casos que no hayan sido determinados por las autoridades competentes.