Ley de Ingresos 2027 avanza en comisiones del Senado

Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el 21 de octubre la Ley de Ingresos para 2027 y otros dos dictámenes fiscales, por 18 votos a favor y 11 en contra. El proyecto estima ingresos federales por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos y aún debe discutirse en el Pleno de la Cámara Alta.

Ley de Ingresos 2027: aprobación en comisiones, no definitiva

Las comisiones del Senado dieron su visto bueno a la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027, así como a modificaciones a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los tres dictámenes avanzaron con 18 votos favorables y 11 en contra, de acuerdo con la información difundida tras la reunión del 21 de octubre.

La votación no concluye el trámite legislativo. Las minutas deben pasar al Pleno del Senado, donde podrán discutirse y votarse antes de su eventual expedición. Los reportes legislativos prevén que su discusión en la Cámara Alta inicie el martes 27 de octubre.

¿Cuánto dinero contempla el paquete fiscal para 2027?

La Ley de Ingresos proyecta que la Federación obtenga 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos durante 2027. De esa cifra, alrededor de 6.26 billones corresponden a impuestos. Se trata de previsiones de recaudación y financiamiento para el próximo año, no de dinero ya captado por el Gobierno federal.

El proyecto plantea autorizar al Ejecutivo federal un techo de endeudamiento interno neto de hasta un billón 700 mil millones de pesos. Ese límite no significa que el monto completo haya sido contratado. El desglose publicado en el Sistema de Información Legislativa también incluye aportaciones de seguridad social, derechos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios y otros ingresos.

Hacienda defiende el marco de ingresos y las medidas fiscales

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, Miguel Ángel Yunes Márquez, defendió los dictámenes como herramientas para establecer reglas fiscales, fortalecer el cumplimiento de obligaciones tributarias y dar certidumbre a las fuentes de financiamiento público.

Las modificaciones al impuesto sobre la renta buscan ajustar el tratamiento de determinadas deducciones y pérdidas fiscales. La Ley Federal de Derechos contempla actualizaciones a cuotas cobradas por servicios y trámites federales. La aplicación de esos cambios dependerá de la aprobación legislativa definitiva y de su entrada en vigor.

La oposición cuestiona deuda y cambios en cobros

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron los dictámenes y plantearon objeciones por el nivel de endeudamiento, los límites a deducciones de empresas y el efecto de ciertas cuotas sobre contribuyentes y usuarios. Son críticas expresadas por las bancadas opositoras, no consecuencias económicas que ya hayan ocurrido.

Ricardo Anaya, del PAN, cuestionó el peso de la deuda y su costo financiero. Carolina Viggiano, del PRI, criticó los beneficios planteados para contribuyentes con adeudos fiscales; Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, reclamó una discusión más amplia sobre progresividad tributaria. La mayoría que avaló los dictámenes sostuvo que las medidas permitirán mantener la operación de las finanzas públicas.

Qué sigue para la Ley de Ingresos 2027

Los tres dictámenes fueron remitidos para continuar el procedimiento parlamentario. El Pleno del Senado deberá resolver si los aprueba y en qué términos, antes de que pueda considerarse concluida esta etapa del paquete de ingresos para 2027.

La Ley de Ingresos define los conceptos y montos estimados de recursos de la Federación; el Presupuesto de Egresos, en cambio, determina cómo se autoriza el gasto público. Por ello, la aprobación en comisiones es un avance legislativo relevante, pero no equivale a que el paquete fiscal ya esté vigente.

El debate sobre la Ley de Ingresos 2027 continuará en el Pleno, donde deberán resolverse las diferencias sobre recaudación, derechos y financiamiento. Hasta que termine el proceso legislativo, sus cifras deben leerse como previsiones y autorizaciones propuestas.