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Hannah de Lamadrid celebró la reforma a la Ley General de Turismo que exige verificar el vínculo entre adultos y menores en servicios turísticos.

Hannah de Lamadrid, coordinadora de agenda política de la Secretaría de Turismo federal y enlace legislativo con el Senado, celebró la aprobación de una reforma a la Ley General de Turismo que busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a posibles delitos en servicios turísticos. El Senado avaló el dictamen el 7 de octubre de 2026 con 104 votos a favor y lo remitió al Ejecutivo federal.
Hannah de Lamadrid consideró que la reforma representa un avance en la prevención de delitos contra las infancias. En declaraciones recogidas por Quadratín México el 7 de octubre, destacó el trabajo de convencimiento previo a la aprobación y reconoció el respaldo de legisladores de distintas bancadas.
La funcionaria vinculó la iniciativa con la agenda del Gobierno federal y de la Secretaría de Turismo, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora. Sus valoraciones son declaraciones personales y no sustituyen la documentación del proceso legislativo.
El dictamen adiciona las fracciones X Bis y X Ter al artículo 58 de la Ley General de Turismo. Plantea que los prestadores de servicios turísticos apliquen protocolos preventivos y medidas de seguridad para detectar posibles delitos contra niñas, niños y adolescentes.
Cuando una persona adulta solicite servicios turísticos acompañada de un menor, deberá acreditar el parentesco, la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia mediante documentos. Si no cumple los requisitos previstos, el prestador deberá negar el servicio y avisar a las autoridades investigadoras sobre una posible conducta delictiva.
La modificación fue aprobada por unanimidad en el Senado, con 104 votos favorables, sin votos en contra ni abstenciones, y se remitió al Ejecutivo el 7 de octubre. La aprobación legislativa no debe confundirse con la publicación del decreto ni con su entrada en vigor.
La reforma tiene antecedentes en la Cámara de Diputados y en el trabajo de las comisiones de Turismo y de Estudios Legislativos del Senado. La diputada Tania Palacios Kuri figura entre quienes impulsaron la iniciativa legislativa, según los registros y pronunciamientos parlamentarios.
La discusión reunió expresiones de apoyo de distintas fuerzas políticas. El objetivo compartido fue establecer controles que permitan identificar situaciones de riesgo sin trasladar a los establecimientos turísticos la investigación de delitos.
La eficacia de las nuevas obligaciones dependerá de su instrumentación, de la capacitación del personal turístico y de la coordinación con las autoridades de protección e investigación. La revisión documental es una medida preventiva, no una garantía de que desaparezca la explotación sexual infantil.
La implementación también exigirá procedimientos claros para verificar vínculos legales, atender casos de riesgo y proteger los datos personales de niñas, niños y adolescentes.
El aval del Senado abre una etapa normativa para fortalecer la prevención en el sector turístico. La participación que Hannah de Lamadrid reivindica en el proceso debe distinguirse del origen y la aprobación institucional de la reforma; su impacto se evaluará a partir de la publicación, la aplicación efectiva de los protocolos y los resultados verificables de protección.
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