Ramírez Cuéllar propone trazabilidad del combustible

La trazabilidad del combustible es uno de los ejes de la iniciativa impulsada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para reforzar la política contra el huachicol. El legislador planteó perfeccionar la supervisión y la coordinación institucional después de las distintas versiones surgidas por el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato. La propuesta articula controles volumétricos, alertas entre autoridades fiscales y energéticas, persecución penal y seguimiento de bienes y recursos vinculados con posibles delitos en el mercado de combustibles.

Trazabilidad del combustible, eje de la propuesta

Ramírez Cuéllar sostuvo que el fenómeno del huachicol ha evolucionado más allá de la extracción clandestina en ductos y que la vigilancia debe abarcar toda la cadena de suministro. Su iniciativa reforma cuatro ordenamientos jurídicos y plantea prevención tecnológica, coordinación institucional, persecución penal y seguimiento de bienes y recursos.

El diputado señaló que la información generada por las empresas debe convertirse en una herramienta preventiva capaz de activar alertas entre distintas autoridades.

Controles volumétricos y alertas en 24 horas

La iniciativa considera relevante una discrepancia superior al 1.5 por ciento en hidrocarburos o petrolíferos líquidos y al 3 por ciento en gaseosos, después de descontar las mermas técnicas certificadas.

También plantea que los permisionarios reporten discrepancias relevantes dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su detección. En determinados supuestos, propone que Hacienda formule la querella electrónicamente en un máximo de 48 horas hábiles y dé aviso a la Comisión Nacional de Energía, la FGR y la UIF.

San José Iturbide: investigación sigue abierta

El 17 de septiembre, autoridades estatales y federales informaron el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, además de diez tanques, tres unidades de carga, contenedores y documentación. La autoridad estatal precisó que la naturaleza, procedencia y legalidad del producto debían determinarse mediante la investigación y los dictámenes correspondientes.

Grupo SIMSA sostuvo públicamente que la terminal opera legalmente y cuenta con permisos. La FGR informó después que no había recibido de todas las empresas relacionadas documentación completa y fehaciente sobre la licitud del origen, manejo y destino del combustible, y la investigación fue atraída por la FEMDO. La situación jurídica del combustible y de las empresas vinculadas permanece bajo investigación.

Trazabilidad del combustible también seguiría el dinero

Ramírez Cuéllar explicó que la trazabilidad del combustible debe complementarse con el seguimiento financiero para identificar cómo ingresó el producto a la cadena comercial, quién lo recibió, cómo fue trasladado, dónde se almacenó y qué recursos generó.

La propuesta también plantea crear un delito específico para discrepancias volumétricas injustificadas en empresas reguladas cuando las diferencias no puedan acreditarse mediante CFDI, pedimentos aduanales u otra documentación legalmente reconocida.

Propuesta incluye el llamado huachicol de barril

El proyecto propone sancionar la comercialización, suministro, oferta o expendio de hidrocarburos en vías públicas, carreteras, baldíos, domicilios particulares u otros sitios distintos de establecimientos autorizados cuando no pueda acreditarse legalmente la procedencia del producto.

También plantea fortalecer los mecanismos de aseguramiento y extinción de dominio sobre vehículos, equipos, instalaciones y recursos financieros vinculados con delitos de hidrocarburos, preservando los derechos de propietarios y terceros de buena fe.

Ramírez Cuéllar plantea fortalecer la coordinación

El diputado sostuvo que el objetivo es complementar las capacidades existentes mediante tecnología, coordinación y reglas más claras. En su planteamiento, una anomalía debería activar la revisión fiscal, las medidas preventivas de la autoridad energética, la investigación ministerial y el análisis financiero.

Ramírez Cuéllar vinculó la iniciativa con la protección de los ingresos públicos, la seguridad energética y la legalidad del mercado de combustibles. La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente.